El lunes 7 de julio de 2026, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, promulgó la Ley de Medidas de Seguridad de la Inteligencia Artificial (Senate Bill 315), una normativa que pretende establecer un nuevo precedente en la regulación estatal de la IA. Esta ley introduce exigencias significativas de transparencia y rendición de cuentas para los modelos de IA de mayor envergadura, específicamente aquellos que generan más de 500 millones de dólares en ingresos anuales y que han sido entrenados con una capacidad computacional masiva.
Esta iniciativa legislativa se alinea con proyectos de ley similares aprobados en California (SB-53) y Nueva York (Responsible AI Safety and Education Act) a finales de 2025, buscando consolidar un marco nacional de facto en Estados Unidos. Aunque estos tres estados representan aproximadamente el 20% de la población nacional, se estima que abarcan cerca del 40% del mercado de IA estadounidense, lo que les confiere una influencia considerable en el establecimiento de estándares.
La nueva normativa exige a los desarrolladores de modelos de IA publicar un marco detallado que describa cómo identifican y evalúan el "riesgo catastrófico". Este riesgo se define como la probabilidad de incidentes que puedan causar la muerte o lesiones graves a más de 50 personas, o daños a la propiedad superiores a un millón de dólares. Además, los desarrolladores deberán informar al estado sobre cualquier incidente que pueda causar daño en un plazo de 72 horas desde su identificación, o de 24 horas si representa un riesgo inminente de muerte o lesiones físicas graves.
La importancia de esta ley radica en su proactividad, al requerir que las empresas se anticipen y reporten riesgos potenciales antes de que se materialicen a gran escala. Esto incluye la posibilidad de que los modelos de IA se utilicen para asistir en la creación de armas químicas, biológicas o nucleares, o para perpetrar ciberataques. La aplicación de sanciones civiles de hasta 1 millón de dólares por la primera infracción y 3 millones por las subsiguientes, impuestas por la oficina del fiscal general, subraya la seriedad con la que Illinois aborda la seguridad de la IA.
Esta legislación representa un paso crucial hacia una mayor responsabilidad en el desarrollo de la IA, estableciendo un camino para que otros estados sigan su ejemplo y presionando por un enfoque más unificado a nivel federal. Se espera que áreas como la atención médica y la educación sean los próximos frentes donde se evalúen los riesgos de seguridad pública de la IA, lo que sugiere que el debate y la regulación en este campo están lejos de concluir.