En un movimiento significativo que subraya la creciente influencia del gasto político en la industria de la inteligencia artificial, Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha donado un millón de dólares a Public First, un Super PAC dedicado a apoyar a candidatos que promueven la regulación de la seguridad en IA. Esta donación, realizada en mayo de 2026, marca la primera contribución de siete cifras de Amodei a un PAC político.
La iniciativa de Amodei no es aislada. Cinco empleados de Anthropic también contribuyeron a Public First con un total de más de dos millones de dólares en los días previos a las primarias de Nueva York. Estas contribuciones se suman a un compromiso corporativo previo de Anthropic de 20 millones de dólares a Public First Action, la organización afiliada al PAC. En total, Anthropic y sus directivos han destinado una suma considerable para dar forma a la política de seguridad en IA, especialmente de cara a las elecciones intermedias de 2026.
Public First tiene como objetivo contrarrestar el gasto masivo de las grandes empresas tecnológicas en política, enfocándose en candidatos que defienden políticas tecnológicas responsables. La organización busca promover la transparencia, proteger a los trabajadores de la automatización no probada y establecer responsabilidades cuando los sistemas de IA causen daño. El PAC ha canalizado fondos a otros comités afines y ha respaldado a candidatos en primarias competitivas, incluyendo la reciente contienda en Nueva York, donde apoyó a Alex Bores, un legislador estatal promotor de una ley de seguridad en IA que perdió por un estrecho margen.
Este esfuerzo de Anthropic se enmarca en una batalla política más amplia dentro de la industria de la IA. Por un lado, facciones como la apoyada por Anthropic abogan por una regulación más estricta, incluyendo pruebas obligatorias de modelos de vanguardia y la autoridad regulatoria para bloquear sistemas considerados peligrosos. Por otro lado, grupos como Leading the Future, respaldado por figuras como Greg Brockman de OpenAI, promueven un enfoque de menor regulación y estándares federales más laxos, que en la práctica podrían anular las normativas estatales más estrictas.
La escalada del gasto político en el sector de la IA, que ya supera los 50 millones de dólares de cara a las elecciones de 2026, demuestra que la discusión sobre la regulación de la IA ha pasado de ser un debate académico a una lucha política con importantes implicaciones financieras y estratégicas. Las decisiones tomadas hoy en materia de regulación podrían dar ventaja a las empresas con capacidades de seguridad profundas, lo que subraya la importancia de estos movimientos políticos para el futuro del sector.